"Las cosas empiezan a torcerse cuando el Consistorio iscariense solicita a la Delegación del Gobierno autorización para instalar las cámaras en la calle. Sometido el proyecto a la Comisión de Garantías de Videovigilancia, sus integrantes concluyen que no se justifica el riesgo para la seguridad ciudadana y que sí pueden quebrar el respeto a la intimidad de las personas. Aún así, el Ayuntamiento hace caso omiso e instala, sin resolución expresa del propio Consistorio, el circuito de videovigilancia."
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